A 15 años de los atentados con granadas de fragmentación ocurridos durante la ceremonia del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Morelia, no hay detenidos y la impunidad es el principal signo de este hecho considerado como el primer acto de narcoterrorismo en México.
Por ley, este delito que marcó un antes y un después en la capital michoacana, no ha prescrito y la averiguación previa penal está abierta.
El ataque, cuyo saldo fue de 7 muertos y más de 100 heridos, fue anunciado a las corporaciones policiales estatales y éstas, a su vez, informaron al gobierno federal.
Sin embargo, tanto el gobierno federal liderado entonces por Felipe Calderón Hinojosa, como la administración estatal encabezada por Leonel Godoy Rangel, pasaron por alto las advertencias y evidentemente no tomaron precauciones.
Según los reportes internos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los días 1, 8 y 12 de septiembre se registraron las amenazas, cumplidas la noche del 15 de septiembre.
La primera advertencia fue a las 14:10 horas del 1 de septiembre de 2008: un anónimo aseguró que al comienzo del desfile del 16 de septiembre lanzarían granadas de fragmentación contra militares; el 8 del mismo mes y año, a las 18:00 horas, la amenaza se confirmó, pero ahora también se dijo que atentarían contra “el comandante Ricardo”, de la entonces Procuraduría General de Justicia estatal.
De acuerdo con memorándums números 007/08 y 008/08, firmados por José Guadalupe Flores Anguiano, coordinador de denuncias anónimas, tanto el delegado de Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, Cisen, así como el general Rafael de Jesús Ballesteros Topete, fueron informados los amagos, pero ninguna fuerza federal se movilizó la noche del Grito de Independencia al Centro Histórico de Morelia.
Víctor Manuel Serrato Lozano, quien en 2008 se desempeñaba como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, condenó que hasta ahora no se ha hecho justicia a las víctimas y a sus familias.
En un hecho tan trágico, que podríamos decir fue el inicio del narcoterrorismo en México, es mucho muy lamentable, y condenable, que se mantenga en la impunidad, que no haya detenidos ni responsables de haber causado la muerte y lesiones permanentes de decenas de michoacanos que acudieron a la celebración del Grito de Independencia, dijo en entrevista.
Es un hecho que lastimó profundamente la conciencia colectiva y el sentimiento patrio. Nunca más se debe permitir un acto terrorista de esta naturaleza, ni de cualquier otra”, comentó Serrato Lozano, quien también colaboró en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Serrato Lozano, se pronunció por la erradicación del “uso de chivos expiatorios” y de figuras jurídicas como “testigos protegidos”, características de esta investigación.
Aurora Bravo Lucas, sobreviviente del ataque, recordó lo que vivió.
De buenas a primeras se oyó el zumbido, el trueno como un cohetón, nos sorprendió mucho eso; fue como en cámara lenta, yo traía a mi sobrina y hagan de cuenta como cuando explota el bóiler, a mi sobrinita se le hicieron todos los cabellos así; y pues viendo todo un mar de lágrimas, la niña no la podía contener, sentía que me la robaban, yo veía a mi esposo sangrado, mi suegra tirada, ¡bueno! Es muy triste toda esa situación que vivimos”, comentó con lágrimas.
Fue hasta once años después, en 2019, que le fue reconocida la condición de víctima a 84 hombres y mujeres, pero hasta ahora, se han enfrentado trabas en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y olvido por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, argumentó la abogada Reyna Velazco.
Entre los afectados existen “grupos”. La abogada Reyna Velazco, representante legal de seis de las familias afectadas, en entrevista, dio a conocer que cinco de sus representados en próximos días podrían ser acreedores a una remuneración económica, razón por la que se han dividido de los demás afectados.
Las acciones por parte del gobierno estatal los ha dividido, mientras unos agradecen al estado otros reniegan de la falta de apoyo, a pesar de ser víctimas del mismo evento, dijo.
Por otra parte, María de Jesús Vázquez Silva, a quien las esquirlas le destrozaron una pierna, no ha podido ser reconocida como víctima, por omisión de la Fiscalía. Reclama ser reconocida como afectada y tener acceso al pago por la reparación del daño, porque ni siquiera aparece como víctima en las investigaciones.
Mi indignación más que nada es que todos estos compañeros que están aquí son de los que perdieron a un ser querido en el hecho, y en Atención a Víctimas estatales nunca se habló de los difuntos: se murieron, se omitieron”, declaró.
Hugo Michelle Ordaz Alvarado es uno de los sobrevivientes de aquel fatídico 15 de septiembre, él aún padece las consecuencias, al tener en su cuerpo las esquirlas de las granadas de fragmentación. “Sí, yo tengo esquirlas en este pie derecho, ahorita digamos que puedo llevar una vida normal, pero con molestias, porque hace mucho frío y sí me duelen mucho los pies, pero una vida al 100% yo creo que no, porque en las noches no veo bien”, lamentó.
En 2018 el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, regaló 17 viviendas entregadas en dos etapas, así como el mejoramiento de las casas de algunos afectados.
Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno estatal, detalló en entrevista que en la actualidad existen 46 pensiones temporales y 14 vitalicias, que van desde los 13 mil hasta 49 mil pesos, dependiendo la gravedad de cada víctima.
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