La diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez advirtió que en Michoacán persiste la falta de una regulación real y eficaz de los albergues infantiles, lo que impide conocer con certeza cuántos menores ingresan, cuántos permanecen y cuántos egresan, así como las condiciones en que viven.
“Sí se ha buscado a través del DIF, a través de diferentes dependencias, la regulación, pero le falta, le falta una regulación bien real de cuántos entran, cuántos están, cuántos salen, qué sucede”, afirmó en entrevista, al recordar que casos como el de Mamá Rosa evidenciaron lo que ocurre cuando no hay supervisión constante y efectiva. Relató que recientemente visitó un albergue del DIF estatal, invitada por la directora Grisel Tello, donde revisó las condiciones de los menores y los avances logrados. Aunque reconoció aspectos positivos, admitió que detectó deficiencias que es necesario atender. “Estos niños, niñas y adolescentes también son michoacanos y tienen que tener una mejor calidad de vida”, subrayó.
Señaló que está a la espera de que la titular del DIF estatal, Sofía Tello, le permita visitar otros centros en la entidad para conocer de primera mano sus necesidades, los mecanismos de atención y las áreas que requieren fortalecimiento. “No solo se trata de atenderlos, sino de garantizar que sus derechos estén protegidos”, dijo.
Caratachea planteó que la Procuraduría para la Defensa del Menor debe convertirse en un organismo autónomo, separado del DIF, para ejercer sus facultades con independencia y con personal especializado.
“No puede seguir dependiendo del DIF, porque ellos tienen que tener y asumir estas facultades y funciones como ellos requieren, y además con personal específico”, sostuvo.
Advirtió que, en algunos albergues del interior del estado, no necesariamente los del DIF estatal se violentan derechos de niñas, niños y adolescentes, a veces por desconocimiento de la ley.
Por ello, insistió en que la Procuraduría y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) deben coordinarse y trabajar de la mano, respetando las facultades de cada uno para evitar duplicidades o vacíos.
Recordó su experiencia en el municipio de La Piedad, donde detectó que las funciones de ambas instancias no estaban claras. “A veces parecía que no sabían quién tenía que hacer qué”, comentó.
Para Caratachea, una regulación efectiva implica revisiones periódicas, protocolos claros de ingreso y egreso, y seguimiento a cada caso, con el fin de prevenir abusos o negligencia.
“Es importantísimo que la Procuraduría trabaje en conjunto, y que le entremos a estos diferentes temas para garantizar la protección de la infancia en Michoacán”, concluyó.
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