A un mes del asesinato de dos profesoras dentro de una escuela en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, familiares de una de las víctimas han manifestado su inconformidad por la falta de avances claros en la investigación y por la escasa comunicación por parte de las autoridades encargadas del caso.
El crimen, que generó conmoción a nivel nacional, ocurrió en una preparatoria donde ambas docentes perdieron la vida. El presunto responsable fue identificado como un adolescente de 15 años, situación que también ha generado debate sobre la forma en que el sistema legal mexicano aborda delitos graves cometidos por menores de edad.
Cristian Madrigal, hermano de una de las maestras, expresó desde Tijuana su preocupación por el manejo del caso. Señaló que, tras la atención inicial que recibió el hecho, el seguimiento institucional ha sido limitado y prácticamente no han recibido información directa de la fiscalía estatal ni del gobierno de Michoacán, pese a haber solicitado datos sobre el progreso de las investigaciones.
De acuerdo con su testimonio, el único acercamiento que han tenido ha sido a través de un representante de la Comisión de Derechos Humanos, lo que consideran insuficiente ante la gravedad del caso. Además, denuncian que no existe una estrategia clara por parte de las autoridades para mantener informadas a las familias ni para garantizar justicia de manera transparente.
El familiar también subrayó la necesidad de revisar las leyes relacionadas con menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, argumentando que este caso evidencia posibles vacíos en el sistema jurídico. Considera que la legislación actual podría no ser suficiente para responder a hechos de esta magnitud.
Asimismo, advirtió sobre un problema más amplio: el aumento de amenazas y situaciones de violencia en entornos escolares en distintas partes del país, lo que, desde su perspectiva, no ha sido atendido de manera integral por las autoridades.
Finalmente, la familia reiteró su exigencia de justicia y de un seguimiento real al caso, señalando que temen que el hecho quede en el olvido. Insisten en que las instituciones deben actuar con mayor transparencia y compromiso para evitar que este tipo de crímenes queden impunes.
