Como castigo, centros de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán enviaron al menos a 45 menores que se encontraban bajo su cuidado a centros de tratamiento contra las adicciones.
Las alertas sobre esa violación a los derechos de las infancias se encendieron desde octubre pasado, cuando algunos tutores y trabajadores conocieron de algunos traslados como castigo a niños, niñas y adolescentes.
Pero el tema quedó al descubierto meses después, el pasado 26 de enero, cuando 24 niñas y adolescentes escaparon de la casa hogar Gertrudis Bocanegra – dependiente del DIF estatal –.
Algunas de las niñas, todavía en pijama, deambularon varias horas sin rumbo fijo en las colonias de Morelia, hasta que fueron localizadas por elementos policiales. Otras, al verse a la deriva, regresaron con miedo al albergue, por su propio pie.
Tras lo ocurrido, al menos seis de las 24 menores fueron enviadas a establecimientos privados de atención al consumo de drogas, pese a que se encontraban bajo la protección del DIF.
Los hechos confirmaron que los menores eran enviados a centros de rehabilitación como castigo.
De hecho, tras la fuga de las 24 niñas y adolescentes, el director del DIF minimizó los hechos: “Cuando hay casos como éste, a veces, una jala a las demás y se les hace fácil”.
Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación de oficio por omisión del deber de cuidado.
Este tipo de castigos forman parte de los “correctivos” que altos mandos del DIF en Michoacán aplican a quienes incurren en alguna violación a la norma o a los reglamentos de convivencia que hay en los centros de asistencia, donde llegan los menores que quedan en la orfandad o que sufren de violencia, maltrato o el rechazo de sus familias, dijeron fuentes consultadas.
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