En la entidad persiste la extorsión en el cultivo y exportación del aguacate y en el ámbito agroindustrial, un fenómeno difícil de medir, según Bernardo León Olea, especialista en seguridad y justicia.
En el contexto de la reciente denuncia de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en la que señala que las exportaciones de aguacate enfrentan un cobro del 5 por ciento de manera sistemática, esto en el marco de la celebración del Super Bowl –evento en el que se estima un consumo aproximado de 120 mil toneladas anuales de aguacate en el evento deportivo de Estados Unidos–, Bernardo León Olea ofreció una entrevista a este medio para analizar la dimensión del delito de extorsión y las limitaciones en su medición y contención.
El especialista explicó que la dimensión real por el delito de extorsión en Michoacán es difícil de conocer debido a que la información disponible se construye a partir de las denuncias, ya que una gran parte de los casos no llegan a registrarse.
León Olea señaló que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la tasa estimada de extorsión es de 4 mil 346 víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado.
El especialista recalcó que estas cifras no permiten dimensionar por completo el problema, ya que los registros oficiales sobre extorsión dependen en gran medida de las denuncias presentadas ante las autoridades; por ende, aseguró que es difícil tener un panorama claro, pues no todos los casos que se presentan son denunciados.
“El problema es que no tenemos datos reales de extorsión… Los datos que dan son datos de denuncia, entonces decir que subió o bajó es poco realista porque solo lo calculan con la gente que ha denunciado el tema de la extorsión”, expresó.
Bernardo León Olea indicó que la extorsión se presenta en distintas industrias de actividad económica en Michoacán, como los sectores productivos de aguacate, limón y berries.
Asimismo, refirió que las acciones implementadas para atender este delito, como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, han generado una contención en este mismo; sin embargo, León Olea apuntó que solo es de manera temporal y no se refleja en una disminución en la incidencia del delito de extorsión en la entidad.
Según el especialista, datos actualizados y registros concretos permitirían diseñar una estrategia para entender cómo opera la extorsión en distintas regiones. Explicó que la investigación y procesamiento de este delito recae en instancias federales, lo que consideró reduce la capacidad de respuesta a nivel estatal y local.
Detalló que, en Michoacán, 77 de los 113 municipios no cuentan con ministerios públicos y 90 no tienen jueces, lo que limita la atención en este tipo de ilícito, según León Olea.
