El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo una reunión de trabajo con comunidades indígenas con autogobierno integrantes del Frente por la Autonomía de los Consejos y Comunidades Indígenas, con el objetivo de fortalecer la coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) en materia de seguridad y procuración de justicia.
Durante el encuentro, el fiscal presentó el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, instrumento estratégico que orienta las prioridades institucionales para combatir la delincuencia y mejorar la atención a las víctimas en la entidad.
Torres Piña destacó que las comunidades con autogobierno representan aliados fundamentales para construir mecanismos de colaboración que permitan atender con mayor eficacia los problemas de seguridad en sus territorios.
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“Recuerdo la primera reunión: nos dejaron 12 temas por atender y afortunadamente los 12 temas se atendieron”, señaló el fiscal, al reiterar que los canales de comunicación con las autoridades comunitarias se mantendrán abiertos.
Como parte de los acuerdos, se propuso establecer una agenda de trabajo conjunta con rondas comunitarias, guardias y policías comunales, con el objetivo de brindar capacitación en temas como llenado del Informe Policial Homologado (IPH), actuación como primeros respondientes y prevención del delito.
Asimismo, se planteó realizar charlas preventivas dirigidas a integrantes de consejos comunales y habitantes de las comunidades sobre delitos digitales, violencia familiar, atención a niñas, niños y adolescentes y prevención del suicidio.
Durante la reunión también se informó sobre el fortalecimiento de la presencia institucional de la FGE en distintas regiones del estado, mediante la instalación de nuevas agencias del Ministerio Público en comunidades como Marhuata, Ostula y El Aguacate.
Además, se reforzarán las agencias existentes en Chilchota y Paracho, las cuales contarán con servicios integrales que incluyen personal ministerial, pericial, médico, psicológico y de trabajo social, así como servidores públicos capacitados para hablar la lengua materna de cada región.
