En Michoacán, las personas que tengan antecedentes como deudores alimentarios o que hayan cometido violencia contra mujeres no podrán postularse a cargos de elección popular, luego de las disposiciones aprobadas para reforzar los criterios de elegibilidad en procesos electorales.
La medida busca garantizar que quienes aspiren a ocupar un cargo público cumplan con responsabilidades familiares y mantengan un historial libre de conductas relacionadas con violencia de género, agresiones familiares o incumplimiento de pensiones alimenticias.
Con esta determinación, las autoridades electorales deberán verificar que las y los candidatos no estén inscritos en registros de deudores alimentarios ni cuenten con sentencias relacionadas con violencia política contra las mujeres, abuso sexual o violencia familiar.
Legisladores señalaron que esta acción forma parte de las reformas conocidas como “3 de 3 contra la violencia”, cuyo propósito es impedir que personas con antecedentes de agresión o incumplimiento de obligaciones familiares puedan acceder a puestos públicos en el estado de Michoacán.
